Verds EQUO condenada por la expulsión del sector crítico

Hace unos meses publicamos una carta abierta del Grupo por la Transparencia y la Democracia Participativa de Verds EQUO. Hoy lo hacemos con el comunicado en el que informan del resultado favorable del juicio:

Los integrantes de la Plataforma por la Transparencia y la Democracia Participativa de Verds EQUO, que fueron sancionados por los órganos ejecutivos del partido con dos años de expulsión y cuatro para ocupar cargos orgánicos, han obtenido, en primera instancia, una sentencia estimatoria de la demanda interpuesta ante los Tribunales por vulneración de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. La sentencia basa su fallo en la falta de acreditación de los hechos que la Comisión Ejecutiva del partido les imputaba, la total vulneración de los principios más elementales del derecho en la tramitación del expediente disciplinario y la ausencia de garantías estatutarias a la par que cuestiona la objetividad de quienes adoptaron las decisiones.

En sus conclusiones la sentencia señala que “la sanción impuesta a los demandantes, que supone una injerencia en el ámbito del derecho fundamental del afiliado, no se considera que esté prevista propiamente en los estatutos, se ha impuesto conforme a un procedimiento no regulado en los mismos y no cuenta con una base razonable que justifique la drástica y desproporcionada decisión tomada”.

Dicha sentencia favorable se produce justamente tras haber transcurrido casi los dos años desde que se produjera efectivamente la expulsión y cuando una buena parte de los promotores de la misma, principalmente el ex-portavoz de Verds-Equo y ex-secretario autonómico de medio ambiente, Julià Álvaro, el ex-secretario de organización, Josep Ruiz, y el otrora jefe de gabinete de la conselleria de medio ambiente, Fernando Rodrigo, hayan abandonado todos sus cargos orgánicos en el partido y solicitado su baja en el mismo como consecuencia del cese de Álvaro como miembro del Consell, lo que visibiliza, claramente, la voluntad de instrumentalización de la organización por parte de este grupo de ahora ex-afiliados en beneficio de intereses particulares, precisamente, lo que constituía el núcleo de las denuncias de la Plataforma.

Los militantes celebran la contundente y clarificadora resolución judicial que les permite ver restituidos sus derechos como afiliados pero, a la vez, lamentan que los actuales dirigentes de Verds-Equo que, mayoritariamente, participaron en la adopción de la medida sancionadora y la apoyaron públicamente en rueda de prensa bajo falsas acusaciones e insinuaciones muy graves – Giuseppe Grezzi, Carles Arnal, Nacho Serra y los diputados Juan Ponce y Cristina Rodríguez -, no hayan rectificado sus declaraciones y aceptado el contenido de la sentencia, realizando una necesaria autocrítica al funcionamiento del partido y la correspondiente regeneración de los órganos de dirección del mismo.

Para los demandantes se ha culminado con éxito un largo proceso de exigencia democrática de restauración de derechos en un partido político tras haber agotado, previamente, todos los canales estatutarios vigentes en el momento de la expulsión. Ello supondría un fracaso notorio para cualquier partido progresista pero mucho más para quien dice representar algo tan distinto como la Ecología Política y la filosofía verde.

Se ha podido demostrar, asimismo, las múltiples lagunas en el funcionamiento estatutario de VerdsEquo, y el cómo, cuando un pequeño grupo organizado acapara los órganos de decisión y recursos internos de un partido, existe el grave riesgo, como en este caso, de que se pretenda liquidar a la vez la libertad de expresión y la disidencia internas recurriendo a las más burdas y contradictorias estratagemas para legitimar sus propósitos.

También con la inagotable persistencia de los miembros de la Plataforma, quienes costearon la demanda con la convocatoria de un exitoso crowdfunding, se ha conseguido un apreciable precedente judicial para la defensa de otros posibles casos similares, así como para los sectores críticos con el coportavoz de EQUO Federal, Juantxo López de Uralde, que vienen denunciando, precisamente, la falta de transparencia y democracia interna en el seno de la formación estatal a las puertas de distintos procesos electorales en donde deben tomarse decisiones transcendentales para el futuro del partido verde.

Efectivamente a nivel estatal, la situación es insostenible. Desde la dimisión hace tres meses de cinco miembros de la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) de EQUO en protesta por los continuos abusos de poder de Uralde, a día de hoy ni se ha comunicado a la afiliación dichas dimisiones ni se han iniciado los trámites previstos en los estatutos para la consiguiente cobertura de los puestos vacantes al tiempo que se paraliza la renovación de la Comisión de Respeto y Transparencia (CRT) órgano previsto en los estatutos de la organización para la resolución de conflictos internos.

Lamentablemente, se han acreditado también los déficits en garantías democráticas para los afiliados en el seno de la coalición que conforma Compromís, que gestiona buena parte de las políticas públicas valencianas, ya que sus órganos de gobierno no sólo no acordaron ningún proceso de revisión de la medida o de mediación ante los requerimientos de los militantes sancionados (miembros, así mismo, de la Coalición), sino que estos, además, cedieron al chantaje de los dirigentes de Verds-EQUO que exigieron les fuera negada su libertad de afiliación a cualquier otro partido de la llamada cooperativa política”.

Los miembros de la Plataforma por la Transparencia y la Democracia Participativa quieren agradecer al letrado Fran Sanz el trabajo jurídico impecable realizado y su compromiso de muchos años con la libertad y la democracia interna en el seno de los partidos políticos así como agradecer al sector crítico de Equo federal, organizado bajo la denominación Reverdecer, el apoyo mostrado en todo momento ante las circunstancias tan difíciles que tuvieron que afrontar.

Valencia, 04 de mayo de 2018.

Miguel Ángel Ferris Gil, Fulgencio Tortosa Castaño, Carles Esteve Porcel López, José Juan Sanchís Serrano y Silvia González Hernando.

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